Las reglas del juego que configuran el actual Estado Democrático de Derecho vienen determinadas por la Constitución, emanada de la voluntad del pueblo soberano. Si la misma logró el consenso de las dos Españas en el referéndum de 1978 sobre la necesidad de una monarquía para encarnar la jefatura de Estado fue, precisamente, por decisión popular. La misma que debe regir cualquier posible cambio en el modelo de Estado, aunque para una variación que afectase a la ‘máxima’ figura del país deba darse un consenso de tres quintos del Parlamento, utópico a día de hoy.
Lo preocupante, amén de la concienzuda utilización de la quema de carteles de los Reyes para plantear una fragmentación nacional ‘alarmante’ por parte de la oposición, es la imposición a Jordi Ribot, el fotoperiodista que capturó las instantáneas de los manifestantes que quemaron imágenes de los Jefes de Estado, de entregar el material al juez Grande-Marlaska ante el vacío legal en relación con dos derechos fundamentales expresados por la Carta Magna: la libertad de expresión y el secreto profesional. Si la Justicia española toma el camino de la seguridad nacional y el interés público, tan manido en Estados Unidos, para justificar este tipo de presiones a los responsables de velar por el libre flujo de información garante del pluralismo –los periodistas-, que se supone rasgo distintivo de la Carta Magna y elemento imprescindible para permitir un control del pueblo soberano sobre sus políticos, una nube de duda se cierne sobre la autenticidad de la democracia de la que nuestros políticos se jactan.
Si se secuestra la posesión de material, se ejerce una forma moderna de censura que pone a la Audiencia Nacional al nivel de los fantasmas del pasado. Si la Corte Suprema de EE. UU. hubiera obligado a Woodward y Bernstein a entregar la información relativa al Watergate, Nixon habría tenido más fácil seguir con su plan de reforma de la enmienda que limita a dos los posibles mandatos de un Ejecutivo norteamericano, y quizá nunca hubiera habido un antes y un después en el control democrático que los ciudadanos, a través de la información que ofrecen los medios –sobre todo mediante el periodismo de investigación-, ejercen sobre el poder. Hay alarmas que debieran resonar con más eco que la ruptura de la unidad nacional, la violación de unas libertades cada vez más aparentes.
Lo preocupante, amén de la concienzuda utilización de la quema de carteles de los Reyes para plantear una fragmentación nacional ‘alarmante’ por parte de la oposición, es la imposición a Jordi Ribot, el fotoperiodista que capturó las instantáneas de los manifestantes que quemaron imágenes de los Jefes de Estado, de entregar el material al juez Grande-Marlaska ante el vacío legal en relación con dos derechos fundamentales expresados por la Carta Magna: la libertad de expresión y el secreto profesional. Si la Justicia española toma el camino de la seguridad nacional y el interés público, tan manido en Estados Unidos, para justificar este tipo de presiones a los responsables de velar por el libre flujo de información garante del pluralismo –los periodistas-, que se supone rasgo distintivo de la Carta Magna y elemento imprescindible para permitir un control del pueblo soberano sobre sus políticos, una nube de duda se cierne sobre la autenticidad de la democracia de la que nuestros políticos se jactan.
Si se secuestra la posesión de material, se ejerce una forma moderna de censura que pone a la Audiencia Nacional al nivel de los fantasmas del pasado. Si la Corte Suprema de EE. UU. hubiera obligado a Woodward y Bernstein a entregar la información relativa al Watergate, Nixon habría tenido más fácil seguir con su plan de reforma de la enmienda que limita a dos los posibles mandatos de un Ejecutivo norteamericano, y quizá nunca hubiera habido un antes y un después en el control democrático que los ciudadanos, a través de la información que ofrecen los medios –sobre todo mediante el periodismo de investigación-, ejercen sobre el poder. Hay alarmas que debieran resonar con más eco que la ruptura de la unidad nacional, la violación de unas libertades cada vez más aparentes.
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